SENTENCIA SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

Esta semana ha salido una noticia sobre la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid que explica el abandono que sufren las personas dependientes en esta comunidad, desde el Área de Dependencia. Ya os he contado en alguna ocasión mi situación (http://yanopuedoperoaunpuedo.blogspot.com/2009/09/ley-de-ridiculencia.html), ahora con la sentencia que se ha producido el lío va a ser de dimensiones incalculables, todo debido a la pesima gestión de la Comunidad de Madrid y también a su falta de interés por las personas dependientes, siendo ciudadanos de pleno derecho de esta comunidad.

Para mi, como he dicho alguna vez (http://yanopuedoperoaunpuedo.blogspot.com/2009/08/comunidades-autonomas-desiguales.html) antes esta ley no tenía que haber sido llevada por las Comunidades, lo tenía que haber gestionado la Seguridad Social a nivel estatal.

Os voy a dejar el texto íntegro de la noticia que he mencionado, que explica todo perfectamente:

Una sentencia reconoce como dependientes a personas sin evaluar

A la penosa situación que atraviesa la Ley de Dependencia en Madrid -retrasos en los trámites, escaso número de ciudadanos atendidos- se añade ahora un revolcón que viene del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Éste sentencia que todos aquellos ciudadanos a los que no se les respondiera en el plazo administrativo previsto de seis meses quedan reconocidos como beneficiarios de una ayuda por dependencia. Se anula así una orden de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2008 que regulaba todo lo contrario: mediante el llamado silencio negativo, si el ciudadano que iniciaba los trámites para recibir una ayuda no obtenía respuesta en seis meses sólo le quedaba acudir a los tribunales, pero no era beneficiario de nada.

El recurso contra esta orden lo interpuso la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, que agrupa a decenas de ciudadanos afectados por los retrasos y los silencios de la comunidad al tramitar la Ley de Dependencia. El Gobierno regional acata esa sentencia, pero la situación que se le plantea ahora raya el absurdo: tiene que determinar qué grado de dependencia -moderada, grave, leve- se le asigna a esas personas a las que no respondieron ni han sido evaluadas.

Es difícil calcular cuántos ciudadanos están en esta situación, porque algunos que no tuvieron noticias de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en el plazo previsto en el procedimiento administrativo común puede que, aun con retraso, recibieran respuesta después y los trámites siguieran su curso. Aquellos que solicitaron una ayuda en primavera y sólo obtuvieron silencio, son ahora ciudadanos dependientes con derecho a ayuda. Pero, ¿qué ayuda?A la Comunidad de Madrid se le plantea ahora un embolado de grandes dimensiones. Están estudiando cómo atender los casos de personas que, en virtud de esta sentencia, han pasado a ser dependientes, de las que se desconoce qué grado de dependencia tienen, porque no han sido evaluadas, y por tanto, qué ayuda necesitan. Podría incluso darse el caso de que alguien hubiera solicitado una ayuda sin necesitarla y ahora tendría derecho a ella. Es improbable, pero...

"Se lo dijimos hasta en latín, que aquella orden no tenía sentido, que sólo retrasaba los trámites y que para regular el silencio negativo se necesita una ley, no una orden. A partir de ahora tendrán que ser diligentes y responder a los ciudadanos en el plazo de seis meses", dice el abogado José Ausín, que ha llevado esta lucha contra la Comunidad. "Sabían que regulaban mal y lo hacían a conciencia. Ante el silencio administrativo negativo, a la gente no le quedaba más remedio que acudir a los tribunales, pero yo no podía recomendar eso, porque los procesos judiciales pueden llevar más tiempo aún", añade el abogado.

La Comunidad Valenciana hizo algo parecido, pero lo coló mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos. El Defensor del Pueblo presentó un recurso al Constitucional con anterioridad, cuando lo hicieron mediante la ley de presupuestos.

Muchos madrileños se han visto en una situación de desamparo tal, que algunos se agruparon en esta Plataforma que lidera Ausín para que los abogados fueran tramitando sus papeles.

Los retrasos para implantar la Ley de Dependencia no se han resuelto, aunque siempre caben subterfugios, como pedir a la gente documentación que ya ha sido entregada. Eso está ocurriendo. De esa manera, la Comunidad se toma aún más tiempo para atender a los discapacitados, pero al menos les responde, parece que hay alguien gestionando. Sin embargo, cuando no hay respuesta, se vaga en un extraño limbo administrativo, y eso también ha ocurrido.

La Plataforma de Ausín también solicitó al TSJM que anulara los dos plazos en que dividió el Gobierno regional los trámites, uno para determinar el grado de dependencia del ciudadano y otro para asignar la ayuda correspondiente. Pero en este punto, el tribunal no ha estimado la demanda. Lo recurrirán.

Otras comunidades están en lo contrario, en unificar los pasos que hay que seguir para que la gente tenga acceso a las ayudas cuanto antes. Las órdenes de la Comunidad de han retrasado el proceso y ahora, además, han creado otro problema de difícil solución.